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Ley de transparencia

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La ley 19/2015 de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública

y buen gobierno se puso en vigor en julio, después de ser aprobada el diciembre

pasado.

En la misma ley, se define la transparencia como la acción proactiva de la

Administración de dar a conocer la información relativa a sus ámbitos de actuación y

sus obligaciones, con carácter permanente y actualizado, de la manera que resulte

más comprensible para las personas y por medio de los instrumentos de difusión que

les permitan un acceso amplio y fácil a los datos y les faciliten la participación en los

asuntos públicos.

El principal objetivo por el que nace esta ley es facilitar la relación entre los

ciudadanos y la administración pública y entidades vinculadas de la siguiente manera:

- Dando a conocer las funciones, los recursos de la Administración y el control

de éstos, acercando su actividad a todos los ciudadanos .

- Mejorando la calidad de la información pública y la gestión administrativa.

- Incentivando la participación ciudadana en promoción de un gobierno abierto

entendido como un sistema de actuación y gestión de los asuntos públicos que

hace posible un diálogo permanente entre la Administración y los ciudadanos,

la participación y la colaboración de éstos en la definición de las políticas

públicas y una mejor transparencia en rendir cuentas y la exigencia de

responsabilidades.

¿Cuáles son las acciones a realizar para conseguirlo?

Por un lado, se tiene que regular la transparencia en cualquier actividad pública y

asegurar el acceso a la información de la gestión pública. Además, hay que establecer

cuáles son los principios asociados a un buen gobierno, y establecer un régimen de

garantías y responsabilidades por el incumplimiento de los deberes establecidos.

LEY DE LA TRANSPARENCIA Y TERCER SECTOR

A pesar de tratarse de una ley dirigida a la Administración Pública, de sus principios se

derivan obligaciones que son aplicables a cualquier persona (física o jurídica) o

entidad que se relacionan con ésta, tal como se expone al artículo 3 de la ley.

No es la primera ley que trata la transparencia en entidades sin ánimo de lucro. La Ley

4/2008 de 24 de abril, del Libro tercero del Código Civil, obliga a las asociaciones

declaradas de utilidad pública, que sigan principios de buena gestión y transparencia

referidos a sus cuentas anuales. También, en la Ley 21/2014 del protectorado,

remarca la importancia de la transparencia en estas entidades, puesto que la define

como un bien público esencial que contribuye a generar la confianza de la sociedad en

las entidades y responde al compromiso ético de éstas de rendir cuentas ante los

ciudadanos y los grupos de interés.

Entonces, como obligados... ¿Qué tienen que hacer las entidades en relación a la

transparencia? ¿Cómo se hace efectiva? En general, se tienen que realizar las

siguientes actuaciones:

a) Difundir la información pública de interés general de una manera veraz y objetiva.

b) Garantizar que la información se difunde de manera constante y se actualiza

permanentemente.

c) Organizar la información de forma que sea fácilmente accesible y comprensible

para las personas y que facilite una consulta ágil y rápida por medio de instrumentos

de búsqueda dotados de las características técnicas que lo garanticen.

d) Ordenar temáticamente la información para que sea fácil e intuitiva de localizar.

e) Facilitar la consulta de la información con el uso de medios informáticos en formatos

fácilmente comprensibles y que permitan la interoperabilidad y la reutilización.

Según cual sea la relación de las entidades con la Administración, sus acciones

directas tomarán formas diferentes, de la siguiente manera:

1. Entidades que prestan servicios públicos. Informarán a la administración de:

- Sus actividades que se relacionen de forma directa con el servicio público.

- La gestión de los servicios públicos.

- Los fondos públicos que perciben.

- Las retribuciones de los cargos directivos, cuando la prestación de servicios

públicos sea más del 25% de su volumen total.

2. Entidades que reciben subvenciones y ayudas públicas. Tienen que justificar

la aplicación de éstas, así como los resultados obtenidos y su aplicación. Tienen que

hacer pública información en lo referente a varios aspectos:

a) Organización y estructura: refiriéndose a su normativa (Estatutos, Reglamento

Inter....), las funciones de la entidad y su organigrama, perfil y trayectoria de los

responsables.

b) Economía:

- Presupuesto

- Cuentas anuales

- Auditoría de cuentas

* Cuando el importe de las ayudas supere los 10.000 euros, también los datos

referidos a gastos de personal: retribuciones, dietas, indemnizaciones...

* Fundaciones obligadas por ley a presentar declaración de responsable y a

respetar la regulación de incompatibilidades, harán publicas las resoluciones del

órgano competente.

c) Contratación pública. En relación a los contratos adjudicados por la

Administración habrá que publicar, como mínimo de los cinco últimos años:

- Objeto del contrato

- importe

- Duración

- Modificaciones posteriores o prórrogas

- Subcontratación

d) Convenios de colaboración. A diferencia de los anteriores, sólo tendrán que

informar de manera pública los siguientes datos de los que son vigentes:

- Fecha y objeto

- Partes y obligaciones

- Relativas al cumplimiento y ejecución

- Modificaciones a posteriori

e) Subvenciones y ayudas públicas. Se tendrán que informar el importe recibido,

el objeto y quién son los beneficiarios. En caso de superar los 10.000 euros, se

tendrán que incluir las retribuciones de la dirección.

Cómo en el caso de los contratos públicos, se pide la información que hace

referencia a los 5 últimos años.

3. Entidades adjudicatarias de contratos con la Administración Pública. En este

caso, la información que tendrán que presentar los adjudicatarios vendrá expuesta

en el mismo contrato público.

Medios de las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones:

- Sitio web y sedes electrónicas. También mediante los portales de la

Administración cuando se trate de entidades con finalidades culturales o

sociales de menos de 50.000 € de presupuesto

- En formato electrónico

- De manera clara y estructurada

- De forma gratuita

- Con acceso sencillo

- Formar reutilizable

Sistema de sanciones:

- Amonestaciones

- Declaraciones de incumplimiento con publicidad

- Inhabilitación para recibir ayudas públicas entre 1 a 5 años

- Suspensión en la posibilidad de contratación con la Administración hasta 6

meses

- La suspensión, durante un periodo máximo de un año, de la inscripción en el

Registro de grupos de interés